* Palabras al Margen

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Para ella, las FARC no tienen ningún otro sentido de existencia más que para mantener privilegios en el monte, y tilda de justificadores de los crímenes del terrorismo a quien reconozca la complejidad social que amprara la violencia política, en este caso aludiendo al congresista Iván Cepeda. Cepeda intentó explicar lo fundamental; desconocer que existe un conflicto armado es desconocer las causas del mismo y, por tanto, a las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, el Estado colombiano ha cometido prácticas violentas y delincuenciales, sistemáticas y premeditadas contra la población civil, siendo el responsable histórico del conflicto armado (por obra u omisión) y de la desaparición forzada por su feroz alianza con estructuras paraestatales. El reconocimiento del rol que ha desempeñado el Estado en el conflicto armado no excluye los crímenes de las guerrillas por su cotidiano irrespeto al Derecho Internacional Humanitario, por el contrario, son complementarias en el esclarecimiento de la verdad y el apropiado reconocimiento a las víctimas para su debida reparación.

Las posiciones de Hernández ilustran profusamente uno de los principales impedimentos en la construcción de paz, no sólo en Colombia, sino en cualquier tratamiento de conflictos humanos. Buena parte de la investigación y teoría para la paz, desde Galtung y Lederech hasta Fisher y Ury, ha resaltado la necesidad de replantear los marcos de análisis en una negociación, rompiendo lo que se ha denominado la naturaleza de los actores bajo esquemas de héroe/villano. Este elemento resulta fundamental para la reconciliación, no sólo frente a las víctimas -sean de las guerrillas, los paras o el Estado-, sino para todos los ciudadanos de a pie en nuestras relaciones cotidianas.

La periodista se pregunta: si las negociaciones son con las FARC, ¿por qué hablar de las vícitimas del paramilitarismo y del Estado? Nuevamente Cepeda probó suerte a una posible explicación sin encontrar recepción a pesar de la insistencia. Se está negociando la terminación del conflicto armado, donde la solidez de los acuerdos y la visibilidad de todas las víctimas son las que permitirán la implementación de los acuerdos y la construcción de un marco unitario para el postconflicto. El Estado colombiano ha cometido crímenes sistemáticos en el marco del conflicto armado, no como consecuencia de éste sino por la determinación de perseguir y exterminar ciertos sectores de la sociedad civil para mantener un sistema de desigualdades y privilegios.

El conflicto armado no acaba con la firma de un papel, por el contrario, la verdadera y ardua construcción de paz tiene inicio una vez finalizadas las negociaciones. Buena parte de la literatura sobre Justicia Transicional ha sostenido la importancia de esclarecer a los máximos responsables de la violencia como fundamento de la no-repetición y la construcción de un balance entre verdad y justicia. Esto también se ve reflejado en experiencias prácticas como la comisión para la no repetición en Argentina con el Nunca Más, informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, hasta las negociaciones entre Mandela y De Klerk para poner fin a la segregación del apartheid.

Johan Galtung, uno de los teóricos más importantes en la teoría para la paz y el responsable de las principales categorías sobre paz y conflictos utilizadas por Naciones Unidas, denomina violencia estructural a aquella violencia que surge a partir de las injusticias sociales -ejercida indirectamente- producto de unas estructuras injustas que generan desigualdades (hambre, miseria, violencia de género, desigualdad, dependencia, exclusión, etc.).

Las causas del conflicto armado se cimientan sobre formas de violencia estructural, especialmente la segregación frente a la tenencia de la tierra y el acceso al ejercicio del poder político, muchas veces sostenida a través de formas de violencia directa (genocidio de la UP, desplazamiento forzado, masacres, desapariciones, falsos positivos, etc.). Estas formas de violencia estructural no solo persisten sino que se agravan, cuya evidencia se exalta en la simple revisión del aumento en el indice gini en las últimas décadas, especialmente en el ámbito rural.

La presente columna toma como referencia el discurso de Salud Hernández, no por ella, sino porque encarna en buena medida la reproducción de discursos falaces que axiomáticamente llevan a asumir el conflicto armado como una guerra de “buenos” contra “malos”. Este error es el principal impedimento para encontrar una transformación pacífica del conflicto, y propicia la constante revictimización de las víctimas a manos de las instituciones que deben, en teoría al menos, operar como garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos que dicen representar.

Aprovecho el espacio para manifestar mi completo respaldo a la gestión del senador Cepeda en el próximo debate de control político sobre paramilitarismo, que brindará luces sobre la articulación de actores políticos, sociales y económicos en la configuración de lo máximos responsables frente a las causas del conflicto armado, propiciando a su vez un reconocimiento histórico frente a miles de víctimas por crímenes de Estado.

Aquí el debate: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/no-se-puede-excluir-a-nadie-por-llevar-un-uniforme-onu-colombia/20140804/nota/2352915.aspx