* Palabras al Margen

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De forma a priori paradójica, la derecha con tinte “caudillista”, es decir el Centro Democrático encabezado por Álvaro Uribe, rechaza la idea de una refrendación popular mediante plebiscito; siendo Uribe quien, en su primer gobierno, intentó transformar y suprimir algunas instituciones públicas, pasando por encima de la vía legislativa, por medio de la consulta popular. Como se sabe, en esta primera experiencia desde su inscripción en la Constitución política de 1991, el intento uribista falló debido a que no se alcanzó el umbral de participación en las urnas requerido para ser validado, a pesar de la propaganda política y mediática desarrollada desde el gobierno. Desde ese entonces, no se realizó ningún otro intento de participación ciudadana vía consulta popular, desde “arriba” o desde “abajo”. En efecto, todos los intentos de consulta popular por abajo, es decir por iniciativa ciudadana (firmas), fracasaron contra el muro del Congreso de la República, el cual tiene la última palabra para autorizar las consultas, a pesar del inmenso esfuerzo que se requiere para recolectar la abultada cantidad de firmas exigidas. Así que Uribe mismo parece ya no confiar en la sabiduría popular. Y la barrera es tan alta que a Santos le tocó buscar una disminución del umbral de la participación para esperar ganar su apuesta con el tema de la paz habanera.

Los constituyentes de la época, y los congresistas en general, pusieron suficientes barreras para imposibilitar la realización de consultas populares. Resulta casi imposible en derecho y realmente imposible de hecho solicitar por iniciativa popular que la ciudadanía colombiana se pronuncie directamente sobre asuntos que la conciernen, y peor aún, ganar. Así mismo, desde la iniciativa gubernamental, el umbral impuesto para su validez resulta en una imposibilidad práctica (caso Uribe). Ni siquiera a nivel distrital Petro pudo franquear los obstáculos jurídicos para organizar una consulta en Bogotá en el caso de la práctica de la bárbara tauromaquia. Tenemos allí un ejemplo de aplicación exitosa del famoso dicho: ¡A mis amigos: todo, a mis enemigos: la ley! La Ley colombiana está hecha para que nunca haya consultas populares. Tanto para el Constituyente de 1991 como para las sucesivas mayorías de los congresistas y los obsequiosos leguleyos, es claro que el enemigo, la clase peligrosa, es el pueblo ciudadano. Hay que evitar que se exprese directamente y que decida autónomamente. Definitivamente, a nombre de la preservación de la República representativa criolla oligárquica, Rousseau y la democracia quedaron muy lejos de Colombia.

Si se puede entender esa posición por parte de la derecha y su tradicional cultura elitista –primero justificada por el nacimiento durante la Colonia, luego sustituida por la puesta en marcha de una moderna estrategia meritocrática que permitió mantener la misma situación de privilegios en la República formalmente igualitaria– resulta sorprendente que las mismas FARC –que se autodenominaron Ejército del Pueblo-, junto con una buena parte de los movimientos de izquierda, se opongan a una refrendación popular para preferir una constituyente.

Una constituyente siempre significa la aceptación de una delegación de poder mediante una representación que habla sin control en lugar de sus representados. Y, además, no resuelve el problema: ¿cómo se refrenda y legitima el resultado de la constituyente? Parece que la cultura política de gran parte de la izquierda –y de las FARC- comparte un elemento central con la derecha: el culto a la representación, a la delegación, a la autoridad jerárquica, a la lógica del mando y control y de las decisiones tomadas en comités restringidos (entre gentlemen). Es decir, todo lo que legitima el elitismo social y político y la visión de una sociedad naturalmente y obligatoriamente dividida entre una minoría gobernante y una mayoría gobernada, tal como le teorizaron Vilfredo Pareto (la circulación de las élites) y Robert Michels (la ley de hierro de la oligarquía) hace aproximadamente un siglo. En el fondo, la aspiración de las FARC es hacer parte del establecimiento. Derecha e izquierda comparten así un mismo rasgo cultural: el de una concepción elitista de la política.

Se percibe allí la desconfianza hacia la idea democrática, el miedo hacia el pueblo. Sigue predominando la idea de que el pueblo no es más, y que no puede ser otra cosa, que una multitud amorfa, una chusma manipulable, incapaz de razonar más allá del estómago o de las pasiones. Se justifica así que surjan élites (que se autolegitiman por tradición, por herencia, por conocimiento o por una mezcla particular de todo esto) que se encargan de guiar el pueblo en el camino correcto hacia su propio bien. Mantener esta perspectiva constituye sin duda la marca de una cultura autoritaria; es decir, fundamentalmente de derecha (incluso cuando se denomina de izquierda o socialista). Esta cultura no puede imaginar un mundo sin intermediaciones, o, más precisamente sin SU intermediación y liderazgo. Toma toda su validez la perspicaz observación de Bakunin al constatar que “el desprecio por las masas populares” se acompaña siempre de “la exageración de sus propios méritos”1.

A la hora de la uberización de las relaciones económicas, sociales y políticas –es decir de la desaparición progresiva de la necesidad de intermediarios en muchos ámbitos de la vida social– es por lo menos preocupante que la izquierda, que pretende luchar por la emancipación del pueblo, no le apueste a la construcción de una cultura de la responsabilidad democrática por parte de la ciudadanía más allá de la elección de representantes. Y más que de oponerse a las refrendaciones y consultas populares, debería luchar por establecer un régimen político que las generaliza, las normaliza y las integra en un proceso de institucionalización de la deliberación pública y de consultas populares vinculantes. El camino de la consulta popular o plebiscito trazado por Santos para la refrendación de los acuerdos de La Habana, si bien surgió como un dispositivo que se debe a circunstancias políticas particulares, debería ser la oportunidad para la izquierda de promover la revisión de las condiciones para la organización de las consultas populares tanto en las entidades territoriales como a nivel nacional, quitando en particular la posibilidad de veto parlamentario y permitiendo la realización de consultas vinculantes. De este modo se facilitaría realmente la intervención directa de los ciudadanos en las decisiones normativas. El único limitante debería ser el respeto a los Derechos Humanos. Como mínimo, toda modificación constitucional debería ser obligatoriamente objeto de una refrendación popular.

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1Bakounine, Michel, “Fédéralisme, Socialisme y antithéologisme”, en: Oeuvres, Paris: Stock, 1980, p. 210.