* Palabras al Margen

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Los 10 mil créditos del ICETEX han sido aclamados por la opinión pública con una vehemencia sorprendente y prematura, que refleja una lamentable ocurrencia: quienes aclaman el programa del gobierno apenas conocen las cifras de créditos otorgados por el Estado para financiar la educación superior. Si se tiene en cuenta que el propio ICETEX, en el año 2014, tenía como objetivo otorgar 73.210 créditos para matrículas de pregrado y 24.786 para manutención, la cifra de 10 mil constituye apenas la séptima parte de lo que se propone sólo para un año. Y del mismo modo, tampoco es nuevo el objetivo de llegar a la población vulnerable utilizando las herramientas que, como el SISBEN, miden las condiciones socioeconómicas y la posibilidad de acceder a programas sociales.

Así pues, los 10 mil créditos ocupan un lugar definitivamente modesto en la financiación de la educación superior por parte del Estado. Más que una nueva política pública para la educación superior, los créditos son apenas un mecanismo de implementación de una política vieja y conocida, que deja intactos sus formulaciones, objetivos e indicadores. Y, por lo tanto, también deja intactos sus reconocidos problemas e insuficiencias: las elevadas tasas de deserción (según cifras del propio Ministerio de educación oscilan entre un 30 y 60%) y el endeudamiento de los estudiantes.

A pesar de las cifras, una cantera de argumentos predecibles y deficientes está siendo explotada por los defensores del programa. Esta vez para afirmar, curiosamente, que los 10 mil créditos no tienen los efectos perversos del crédito. Esta idea se sustenta en que hay buenas posibilidades de condonación porque la probabilidad de deserción de los beneficiarios del programa es menor a la de otros estudiantes. De acuerdo a los modelos que presentan un escenario más optimista (elaborados por investigadores del CEDE la Universidad de los Andes), el acceso a créditos de largo plazo del ICETEX disminuye la tasa de deserción acumulada, entre un 25% en el quinto semestre y aproximadamente un 35% en décimo semestre. Mientras tanto, las personas que no gozan de los favores crediticios del ICETEX están sujetas a una tasa de alrededor de 47%. La conclusión es que los beneficiarios del ICETEX están entre los estudiantes que tienen menor tasa de deserción.

Pero esta conclusión estadística es una conclusión que no tiene sentido políticamente. De hecho, no tiene sentido alguno. Celebrar que el acceso al crédito disminuye la deserción a un 25 o 30% es solamente una afirmación ciega e irresponsable que olvida un hecho elemental: los estudiantes que desertan siendo beneficiarios de un crédito no solo desertan –como sucede con quienes no reciben ayuda financiera- sino que también tienen que pagar grandes sumas de dinero por un título que no van a obtener. De esta forma, las cifras de deserción de quienes acceden a crédito no son solo cifras de deserción, sino también cifras de nuevos deudores. Son, entonces, indicadores distintos. Solo por eso, cualquier correlación estadística entre los desertores con crédito y sin crédito es pueril e infructuosa, si se trata de demostrar las bondades del programa.

Si bien es difícil, o incluso contrafáctico, demostrar que el crédito es la causa de la deserción, es aún más torpe fomentar el crédito como vía de acceso a la educación superior, cuando la deserción es alta y alarmante tal y como sucede en Colombia: es una vía segura para crear profesionales, pero también una cuota altísima de endeudados sin título. Y en el caso de los 10 mil créditos todo esto significaría, en el caso más optimista, endeudar anualmente (si el proyecto tiene permanencia) a 2.500 familias que pertenecen a la población más vulnerable de acuerdo con las propias mediciones que realiza el Estado. Esto, desde cualquier punto de vista, es un drama social inaceptable.

Puede ser, no obstante, que los 10 mil beneficiarios sean lo bastante pilos para terminar su carrera y así eviten la deserción y el endeudamiento. El lema “hay que tener fe en ellos” resuena atropelladamente en las voces de los defensores del programa. Dejando de lado la delirante asimilación de una noción multipolar como la inteligencia (o la “pilera”) con los resultados de las pruebas saber 11, lo único que cabe decir al respecto es que si el gobierno –o los defensores del programa- tuvieran fe en los pilos, les darían verdaderas becas, no créditos. Si hay fe en los pilos, el crédito no es necesario.

La argumentación deficiente de los defensores de las 10 mil becas permite, sin embargo, revelar el verdadero mensaje de su defensa vehemente: muchas veces se trata de arremeter de forma ofuscada contra la educación pública. Así lo ha dicho Salomón Kalmanovitz en su columna de El Espectador: al igual que el Joker de Batman, los sindicatos y el sector público quieren destruir el mundo. Las universidades públicas, dice Kalmanovitz con tono inquisitorio, están “politizadas” (un desgastado vocablo que compite en rigor con el sintagma “Madre Teresa de Calcuta” de los concursos de belleza). “Incluso”, levanta su voz con indignación tecnocrática, “en la Universidad Nacional uno encuentra decanos que tienen hojas de vida mediocres” y que “son más políticos que académicos”. Pero Kalmanovitz, en su absoluta simpleza, no se da cuenta de que es más fácil proferir la sentencia opuesta. Incluso con un tono mucho más dramático y pérfido: en el sector privado no solo hay decanos con hojas de vida mediocres sino universidades mediocres que se aprovechan de los estudiantes, también en manos de “políticos” y no de “académicos” (por ejemplo: Moreno de Caro tiene su propia universidad). Y con toda la evidencia que podría citarse al respecto, siempre será muy difícil afirmar que “las universidades privadas” son “mediocres” en su totalidad, sin caer en una generalización grotesca. Así, el argumento de Kalmanovitz es “más político que académico”.

No contento con esto, Kalmanowitz va más allá asegurando que el programa del gobierno es un “claro mensaje” para las universidades públicas, porque el 85% de sus beneficiarios optaron por universidades privadas. Kalmanovitz cree que con este tipo de afirmaciones defiende el derecho a elegir de los estudiantes. Pero no lo hace. A pesar de su retórica con ínfulas de justicia y meritocracia, defiende únicamente a quienes eligen la educación privada: en el fondo dice que no tiene sentido elegir universidades públicas porque son malas, o en sus términos, “politizadas”. Pero lo dicho por Kalmanowitz apenas alcanza a ser inteligible en español. ¿Los más de 60 mil estudiantes que presentan la prueba de admisión de la Universidad Nacional son un “claro mensaje” para la universidad privada? Evidentemente no.

El “claro mensaje” que dejan los 10 mil créditos no es, así, para la universidad pública sino para los fundamentos de la política educativa del gobierno. Imaginemos a un médico que, frente a una vacuna que tuviera graves efectos secundarios en cada 3 de 10 pacientes, dijera que el problema es que los hospitales públicos no la han aplicado en la misma magnitud que los hospitales privados. Su concepto sería vacío, estéril, infantil y sólo haría el ridículo. Muy pocos se atreverían a aplicar la vacuna, a pesar de que pudiese salvar a 7 porque el nivel de riesgo sería escandaloso e inaceptable. Y quienes se atrevieran a hacerlo, lo harían de espaldas a la comunidad. Pero con la educación, al parecer sucede lo contrario, a pesar de que se somete a un riesgo inaceptable el poco o nulo patrimonio de la población vulnerable. No solo hay quienes se atreven a aplicar la vacuna. Hay también quienes defienden y publicitan su aplicación con entusiasmo.

Post Scriptum: Las cifras del Ministerio de Educación ubican la inversión per cápita anual para la Universidad Nacional en 10 millones y medio, para el año 2012. No en 25 millones como afirma Kalmanovitz.