* Palabras al Margen

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Los proyectos de vida de las comunidades campesinas se caracterizan por ser fuertemente colectivos, basan su subsistencia en formas de producción tradicionales y el intercambio de productos agrícolas privilegia los valores de uso sobre los valores de cambio. Esta noción, impulsada por la Vía Campesina, reivindica los elementos antes descritos como parte de lo que constituye una vida digna para el campesinado. Desde este lugar, se sostiene además que “la agricultura es mucho más que un negocio, y tiene que ver con el desarrollo económico local y nacional como medida para enfrentar la pobreza y el hambre2. Este modelo busca la preservación “de la vida rural, el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales de modo sostenible3. Bajo el amparo de esta categoría se sostiene que todos los países y personas “deben tener el derecho y la capacidad de definir la producción de sus propios alimentos, la agricultura y las políticas agrícolas, así como el derecho a proteger sus mercados internos y contar con presupuestos del sector público para la agricultura4.

En este marco, las comunidades campesinas consideran que debe protegerse y fomentarse el uso de semillas criollas, pues éstas “son el eslabón que une al campesino y a la campesina con su identidad. ¿Cómo podrá sobrevivir un campesino, una campesina y sus familias si no tienen semillas?5, se pregunta la Vía Campesina a la hora de cuestionar la proliferación de las semillas patentadas. Asimismo, las semillas criollas favorecen la biodiversidad en el campo, que se puede ver en riesgo dado que aquellas que son modificadas genéticamente buscan estandarizar la producción.

¿Y la normativa actual?

El proceso de privatización de las semillas se viene desarrollando a nivel global desde la década del 1960, a partir de un fuerte lobby de las empresas corporativas para establecer nuevas normativas globales. La historia de UPOV (Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales) muestra una expansión permanente y aparentemente sin límite de los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción también permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y campesinos. El convenio original otorgaba derechos de propiedad solamente sobre variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la privatización; es decir, concedía poco más que el derecho exclusivo de comercializar una variedad privatizada y no establecía sanciones específicas. Con las sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991, UPOV actualmente concede propiedad sobre variedades “descubiertas” y otorga derechos monopólicos sobre la producción, comercialización, exportación e importación, además de permitir a las empresas pedir la confiscación de cultivos, plantaciones, cosechas y productos derivados de la cosecha. Asimismo, establece que las empresas pueden demandar penalmente, lo que implica penas de cárcel.

El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el mundo bajo el pretexto de la “protección”. Sin embargo, en lo que a las comunidades campesinas se refiere, niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio, al impedir la conservación de semillas para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas y los conocimientos de las comunidades. Además, los criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas. Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente, la privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el intercambio de conocimientos.

Por todo esto, se debe procurar marcos regulatorios a medida de cada realidad y poder preservar la función de los sistemas tradicionales de semillas de los agricultores incluso si para ello es necesario adoptar legislación que no cumpla con las disposiciones del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales6.

Hacia dónde ir

Actualmente, el Sistema de Naciones Unidas se encuentra debatiendo la “Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos7, la cual está siendo fuertemente impulsada por diversas organizaciones campesinas de todo el mundo. Este instrumento, sobre el que el “Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales” ha pedido su aprobación8, establece, entre otras cuestiones, su derecho a la vida digna, a la tierra y el territorio, a las semillas y saber tradicional, a los medios de producción agrícola, a la información y tecnología agrícola, a la diversidad biológica, a la preservación del medio ambiente, entre otras cuestiones.

En días recientes se produjo un nuevo proyecto de esta declaración, en el cual el grupo de trabajo impulsado por algunos gobiernos de la región (entre ellos Bolivia y Argentina) incorpora avances importantes para la protección de las comunidades campesinas. Entre otras cuestiones, incluye el consentimiento previo, libre e informado en casos de legislaciones, políticas o proyectos que se desarrollen en territorios campesinos; establece la soberanía alimentaria (que incluye múltiples aspectos, como organización, agricultura tradicional, seguridad alimentaria, producción y comercialización, etc.) como un derecho concreto; e incorpora la necesidad de proteger las semillas, la alimentación, el desarrollo sostenible, los medios de protección campesinos y la diversidad biológica.

En este marco es importante que se le exija al Estado colombiano un papel activo en la discusión y aprobación de esta Declaración, especialmente, porque los contenidos de su proyecto borrador presentan importantes coincidencias con algunos de los acuerdos incorporados en el borrador conjunto de política de desarrollo agrario integral, producto de la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Precisamente, dentro de las propuestas de este grupo insurgente para la cuestión agraria está el “reconocimiento y definición de los territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político del campesinado (…) lo cual debe empezar con la adopción de la declaración de los derechos del campesino de la ONU, así como del acuerdo 141 de la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación en el ordenamiento jurídico9.

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1Paz Méndez, Alfredo. Los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria dentro de la concepción de desarrollo del DNP. En: Revista Umbrales N° 16. La Paz, Bolivia. P: 41. Disponible en: http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/umbrales16.pdf

2Martínez, Maria Elena y Peter M. Rosset. Del conflicto de modelos para el mundo rural emerge la vía campesina como movimiento social transnacional. Artículo parcialmente basado en: “a Vía Campesina: the Birth and Evolution of a Transnational Social Movement. 2010. Publicado en Journal of Peasant Studies. Vol. 37, No. 1. Routledge, UK. Pp: 149-175.

3Ibídem.

4Ibídem.

5MPA – Brasil. Casa de semillas criollas. Porto Alegre. Brasil. Septiembre de 2009.

6Op cit., A/64/170, párrafo 40.

7Ver, “Estudio definitivo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”, Asamblea General de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/19/75, 25 de febrero de 2012, Anexo N° 1.

8Ibídem, Recomendación N° 7, párr. 74.

9En, http://www.olapolitica.com/content/10-propuestas-de-las-farc-para-el-campo