* Palabras al Margen

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A finales de mes la guerrilla emitió un comunicado presentado su posición frente al informe del Centro de Memoria Histórica ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, en el que señalaron que a pesar de su importancia, la historia del conflicto allí reseñada estaba incompleta y parcializada. Además de esto, sorprendieron con una declaración en la que se acercaron más al tema de las víctimas; en efecto, en la lectura del documento Pablo Catatumbo afirmó: «[…] estamos prestos a ir preparando el camino que conduzca a la manifestación de nuestro sentimiento de pesar por lo que ha acontecido… En efecto, y no es otra la realidad, somos una de las partes del conflicto». Y agregó: «Así y todo, debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación». A pesar de esto continuaron exhortando a otros actores nacionales y extranjeros para que reconozcan su responsabilidad en el conflicto armado del país2. Estas declaraciones fueron leídas por el Gobierno, sus delegados, y algunos columnistas y analistas como un mensaje positivo para el avance y posible éxito del proceso3. Otros, por su parte, se mantuvieron en el escepticismo e incluso desestimaron lo dicho4. Adicionalmente, durante el mismo mes dos hechos generaron expectativas positivas en torno a la negociación. El primero de ellos fue el cambio de la cúpula de la Policía y las Fuerzas Militares y el segundo, el encuentro de gobernadores Preparémonos para la paz, que pusieron en la discusión el posible escenario del posconflicto en caso de terminar satisfactoriamente los diálogos de La Habana.

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A pesar de lo anterior, agosto fue uno de los meses más difíciles por los que ha pasado el proceso de paz por cuenta del pulso que el Gobierno y las FARC han sostenido por su control. El presidente Santos, así como algunos de los sectores que han apoyado el inicio de negociaciones con las FARC, ha insistido en que a diferencia de experiencias pasadas esta vez el Estado cuenta con superioridad, sobre todo militar, que le permite negociar de tal forma que tenga que ceder lo menos posible frente al grupo guerrillero. Por su parte, las FARC han reiterado que en más de cinco décadas de conflicto no han podido ser vencidas, ni siquiera después de la intensificación de la guerra de los últimos años, por lo que su condición en la mesa no es la de un grupo derrotado o en condiciones de inferioridad. Con base en esto, aseguran que el Estado, al decidir iniciar un diálogo, las reconoce como una parte igual en la mesa y en consecuencia está obligado a acordar con ellas las transformaciones necesarias para superar las condiciones que dieron origen al conflicto. Aunque esta tensión se ha hecho manifiesta desde la instalación la mesa de conversaciones en Noruega, en el mes de agosto se expresó en una «pausa» en los diálogos, motivada por la unilateralidad de algunas decisiones tomadas por el presidente Santos y su equipo de gobierno. 

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La primera de estas decisiones está relacionada con el llamado Marco Jurídico para la Paz. Aunque este instrumento jurídico para el desarrollo de estrategias judiciales en un posible escenario de transición hacia la paz fue aprobado, por iniciativa gubernamental, antes de que el país conociera los acercamientos previos al inicio de la negociación, el tema cobró visibilidad por la próxima decisión de la Corte Constitucionalidad sobre su exequibilidad o inexequibilidad. En defensa del Marco, el Gobierno ha expresado en varias ocasiones que este permitirá el desarrollo de un esquema integral de justicia transicional que posibilite la desmovilización de grupos guerrilleros en el marco de acuerdos paz, respetando los lineamientos internacionales para la satisfacción de los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, permitiendo beneficios jurídicos para los guerrilleros desmovilizados, como la suspensión de la investigación penal o de la ejecución de las penas, la imposición de penas alternativas, entre otros.

Sin embargo, para las FARC el debate no debe plantearse en esos términos. Para el grupo guerrillero el Marco Jurídico es una iniciativa unilateral del Gobierno en la que no se les llamó a participar u opinar, es por lo tanto un instrumento que no fue acordado en la mesa de conversaciones. Así se expresaron en un comunicado leído por Iván Márquez: «que quede claro de una vez por todas que no habrá sometimiento de las Farc a ningún marco jurídico para la paz con diseños unilaterales»5. Adicionalmente, consideran que la justicia transicional ha funcionado como una vía para que la parte vencedora de una guerra imponga sus condiciones a los vencidos, pero, en su opinión, el reconocimiento que el presidente Santos hizo del actual desarrollo del conflicto armado en el que el Estado es parte, no le permite a éste determinar cómo se hará la transición sin acordarlo con la contraparte. Asimismo, aseguran las FARC, la participación del Estado en el conflicto le impide ser juez de los delitos que se cometieron en su desarrollo; así pues la guerrilla pregunta: «¿Cómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?»6.

Finalmente, las FARC critican que la exigencia del reconocimiento y reparación de las víctimas sea dirigida a la guerrilla y no a otros actores nacionales y extranjeros que han participado directa o indirectamente en el desenlace de la guerra. Han dicho en este sentido que el Marco busca castigar a los máximos dirigentes de la guerrilla como si ellos fueran los únicos actores inmersos en el conflicto. Sumado a esto, la guerrilla ha afirmado que en relación a los deberes del Estado frente al derecho de las víctimas a la justicia, la jurisprudencia internacional no puede estar por encima de los acuerdos a los que se llegue en la mesa de conversaciones que, de acuerdo con la propuesta de las FARC, deben ser aprobados por una Asamblea Constituyente. Es posible encontrar en estos argumentos diferencias importantes no sólo frente a cómo debe blindarse jurídicamente el proceso, sino también a la lectura que se hace del conflicto armado del país. Es más, las FARC aún mantienen una posición ambigua sobre sus responsabilidades frente a las víctimas, y no parecen estar dispuestas a aceptar un marco jurídico en el que sean tratadas como un grupo delincuencial que se somete a las reglas actuales del Estado, al que también consideran responsable.

En medio de la tensión por la negativa de las FARC a aceptar el Marco Jurídico para la Paz, el Gobierno radicó un proyecto de ley para modificar la Constitución y permitir que en las elecciones al Congreso o la Presidencia pueda realizarse un referendo para someter a votación los acuerdos a los que se llegase con las FARC. Mientras algunos consideraron que esto era una muestra del avance del proceso y otros aplaudieron esta iniciativa como la estrategia adecuada para garantizar la más amplia participación de la población en la aprobación o rechazo de lo pactado en La Habana7, los contradictores de los diálogos calificaron la propuesta como negativa, pues significaba modificar la Constitución para favorecer acuerdos con el terrorismo, y oportunista, pues leyeron en ella una estrategia para favorecer a los candidatos cercanos al presidente Santos y la reelección de éste8.

Este hecho produjo la primera pausa en las negociaciones, declarada por las FARC. Frente al anuncio de la presentación del proyecto, el equipo negociador de la guerrilla anunció que detenían las conversaciones para concentrarse en su estudio y exigió que se les tratara con igualdad en la mesa. Esta decisión fue tomada al considerar que el Gobierno, una vez más, estaba imponiendo una decisión que no fue acordada por las delegaciones de cada una de las partes y a la que el grupo guerrillero se habían opuesto desde meses anteriores, incumpliendo de esta manera el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Así lo expresó Andrés París, negociador de las FARC: «La presentación de la ley de referendum es el segundo acto legal, que el gobierno convierte en un hecho cumplido y pretende que las FARC-EP le den su aprobación. La primera vez se presentó mientras nos encontrábamos en la etapa exploratoria, la secreta. En forma paralela a esta exploratoria sacó adelante el marco jurídico en el congreso sin consultarnos. En su momento rechazamos dicho marco entre otras por ser aprobado por fuera de la mesa de diálogo»9.

En contraste, las FARC insistieron en su propuesta de realizar un Asamblea Constituyente. Como lo hemos anotado en otras ocasiones, para esta guerrilla el proceso de paz no debe resultar exclusivamente en la desmovilización de sus integrantes, sino que debe dar lugar a acuerdos para transformar las orientaciones políticas y económicas y sociales del país, que en su opinión deben ser aprobados por el constituyente primario. Siguiendo esta línea, «Timochenko», el máximo líder del grupo guerrillero, acusó al presidente Santos de ver los acuerdos de la negociación como «un perdón relativo a cambio del espaldarazo guerrillero a la globalización neoliberal para Colombia»10.

Aunque inicialmente el presidente Santos afirmó que el grupo guerrillero tenía el derecho de estudiar el proyecto, horas más tarde endureció su posición, le ordenó a su equipo negociador que regresara a Bogotá y advirtió: «en este proceso el que decreta las pausas y pone las condiciones no son las Farc»11. La decisión del presidente fue una reacción a las críticas dirigidas a señalar que era el grupo guerrillero y no el Gobierno quien tenía la última palabra en los diálogos. Así, para Santos esta era una forma de presentarse frente al grupo guerrillero y la opinión pública como la parte decisiva de la mesa de conversaciones. Por supuesto, con esto se profundizó la tensión entre el Gobierno y las FARC por el control del proceso, y por algunas horas éste quedó en suspenso.

Sin embargo, en poco tiempo las dos partes, tanto el Gobierno como la guerrilla, decidieron retomar las discusiones de la agenda de conversaciones. Por una parte, porque las FARC han reiterado que no se levantarán de la mesa y que la responsabilidad de una posible ruptura será del Gobierno. Por su parte, éste aclaró que el proyecto presentado no convocaba a un referendo ni cerraba la discusión en torno al mecanismo de refrendación, aunque sí era una salida jurídica viable en caso de que hubiese acuerdos pero no una decisión acerca de cómo estos serían refrendados. No obstante, el Gobierno mantuvo su negativa frente a la posibilidad de realizar una Asamblea Constituyente.

El proceso ha continuado a pesar de los problemas señalados y de otros más que hemos analizado en los artículos anteriores, sin embargo, lo ha hecho sin resolver lo que muchos han catalogado como los pilares jurídicos y políticos del proceso. Y aunque no se los quiera llamar así, no puede desconocerse que las partes no llegarán a un acuerdo sin antes pactar las condiciones jurídicas en las que el grupo dejará las armas y la manera como los colombianos dirán sí o no a lo convenido en la mesa de negociación. Así pues, al proceso le quedan por lo menos dos grandes temas por resolver. Esperemos que para entonces las partes no subordinen las posibilidades de terminar el conflicto a los intereses que cada uno tiene en la mesa con el fin de legitimarse políticamente frente a su opositor. Finalmente, cabe resaltar que es posible que en los próximos meses las discusiones presentadas en este artículo, así como todas las que hemos expuesto anteriormente, estén mediadas por las disputas propiciadas por las campañas al Congreso y Presidencia, que seguramente estarán marcadas por el proceso de paz.

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1Sobre este punto puede consultarse http://www.palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/desarrollo-rural-victimas-y-participacion-politica-miedos-y-esperanzas-del-proceso-de-paz?category_id=173
2http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13004098
3Esta posición fue compartida por el equipo negociador del Gobierno, Camilo González, excomisionado de paz, Carlos Lozano, director del semanario Voz y miembro de Marcha Patriótica y Colombianos y Colombianas por la paz, Clara López Obregón, presidenta Polo Democrático Alternativo, Juan Fernando Cristo, senador por el Partido Liberal, los diarios El Tiempo y El Colombiano y Jaime A. Fajardo Landaeta, columnista de El Tiempo.
4Así se manifestaros el diario El país y Alejandro Ordóñez, procurador general de la nación.
5http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-no-aconsejan-referendo-tiempos-electorales-articulo-442463
6http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-rechazan-el-marco-paz-articulo-438326
7En este sentido se pronunciaron Fernando Carrillo, ministro del interior; Juan Fernando Cristo, senador por el Partido Liberal y Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal y representante a la Cámara; Roy Barreras, senador por el Partido de la U y presidente de la Comisión de Paz del Senado; Alfonso Prada, presidente del Partido Verde y representante a la Cámara; Monseñor Fabio Henao, director de Pastoral Social en Bogotá; los diarios El Espectador y El Tiempo; María Isabel Rueda, columnista de El Tiempo y Tatiana Cabello Flórez, columnista de El Heraldo.
8Así se expresaron Álvaro Uribe Vélez, Ernesto Macías Tovar, columnista de El Espectador, Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de justicia y columnista de los diarios El País y El Colombiano, Salud Hernández-Mora, columnista de El Tiempo y José Darío Salazar, senador por el Partido Conservador.
9http://www.semana.com/nacion/articulo/la-pausa-sera-breve-dice-andres-paris/355222-3
10http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13012304
11http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13010642