* Palabras al Margen

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En primer lugar, quiero resaltar la importancia de los Congresos regionales para la Paz que se desarrollaron a finales de marzo en distintas regiones del país.  Son  una expresión concreta de las posibilidades que tenemos para construir propuestas o mandatos desde los sectores populares y lo hacemos a través de metodologías incluyentes que requieren un compromiso de vida y de tiempo destinado a un proceso colectivo en el que la reflexión de realidades, la construcción de argumentos y habilidades de sistematización arrojan finalmente iniciativas propias desde los diversos sectores sociales, las regiones, organizaciones y personas que en este momento están buscando construir la Paz desde su vida diaria en los territorios que habitan.

La fuerza que estos mandatos contienen se encuentra en la historia que les da forma y desde allí puedo relacionarlos con la columna anterior y los comentarios que recibió. Los mandatos populares que se definen en este tipo de espacios amplios son el producto de la puesta en común de iniciativas que provienen de organizaciones sociales, sectoriales o personas interesadas en hacer de su experiencia una propuesta colectiva de vida. Y en ese sentido podemos afirmar que su representatividad adquiere valor. Uno de los lectores afirma que procesos como el Congreso de los Pueblos y otros no son lo suficientemente representativos en el país y que esto se debe en principio a la debilidad de organizaciones sociales, escenarios de protesta o en general de los movimientos sociales en Colombia. En principio, debo decir que este tipo de procesos sí  apuntan a convertirse en espacios de diálogo entre muchos otros actores que puedan consolidarse y fortalecerse en movimiento. Deberíamos pensar que existen momentos en la historia que pueden permitirnos ganar espacios para lograrlo y seguramente, éste es uno de ellos.

No obstante, la memoria que estos mandatos reflejan, su historia recorrida y la fuerza argumentativa que contienen los constituyen en una apuesta colectiva que ilustra caminos constructores de paz y que no están determinados por una mesa de negociación. Un ejemplo de ello son los planes de vida que algunas comunidades de la región del Catatumbo están construyendo y que han logrado posicionar en espacios como el Congreso regional para La Paz del nororiente del país y en otros espacios nacionales.  Traer estos planes de vida como ejemplo en esta columna refleja dos intenciones claras:

i. Resaltar el proceso histórico que le da vida a los mandatos populares.

ii. Impulsar las iniciativas que en Colombia hoy están promoviendo la construcción de paz desde la vida diaria.   

El plan de vida al que hago referencia es el resultado de un proceso que tiene más de cincuenta años de historia. Desde 1950 se tienen registros de iniciativas de organización comunitaria y en algunas veredas desde 1970 la constitución de las Juntas de Acción Comunal JAC. Estas últimas como formas organizativas fundamentales para la relación comunitaria entre los habitantes de la región y de la puesta en marcha del proyecto del plan de vida. Ahora bien, el plan de vida no trata de planear maneras de distribuir recursos económicos o puestos de gobierno para tiempos determinados, busca consolidarse como la construcción permanente de una forma de vida. Esta propuesta no nace del diagnóstico que hacen algunas personas ajenas a la región a partir de criterios técnicos, es una iniciativa que existe cuando la comunidad misma define sus orientaciones y prioridades de vida. Es el resultado de los niveles de organización y de comunicación. La construcción de un plan de vida como éste y la posibilidad de materializarlo también reside en las formas de participación que se crean para que sean las comunidades en espacios y tiempos propios las que tomen las decisiones necesarias.

Dichas decisiones son entonces el resultado de un proceso de organización propio y del alcance que cada de una de las organizaciones o personas es capaz de consolidar y poner en discusión de forma amplia y colectiva. Por lo tanto, un mandato popular que sale de espacios de deliberación a nivel nacional recoge en sí mismo la historia que cada persona trae de su vida, de su organización y las decisiones que desde allí se envían como lectura del territorio y propuesta para que desde las organizaciones mismas se generen condiciones de cambio. Por lo tanto, el alcance de estos mandatos no depende necesariamente de un espacio de negociación con la institucionalidad, o de los niveles de representatividad, sino de la fuerza y contundencia de las mismas organizaciones o personas que los construyeron para sí mismas.

Otro lector hizo llegar de manera indirecta sus opiniones frente a la forma  de participación de experiencias como el Congreso de los pueblos y, en general, de las organizaciones populares en relación con el Estado o lo que él denomina la burocracia, preguntando lo siguiente:

“¿Cómo lograr la participación de las organizaciones campesinas, por ejemplo, en la institucionalidad agraria, sea esta la que existe o una nueva, garantizando de paso que ésta no las absorba o diluya su identidad de reivindicaciones específicas en el caño de la burocracia?”

Para él, en este punto se encuentra el quid de la participación o, en mis palabras, el riesgo que corren los movimientos sociales para lograr actuar a dos ritmos distintos. El primero seguirá siendo su forma habitual y al mismo tiempo el que le garantizará su permanencia en el tiempo y la posibilidad real de cambio, mientras que el segundo requiere ser analizado con un poco de más de cautela. Hasta el momento, las expresiones populares en Colombia han actuado demandando al Estado sus funciones como garante de derechos y en este sentido la relación se ha limitado a un ejercicio distante que no cuestiona su funcionamiento. Ahora, con propuestas como la del Congreso de los Pueblos este carácter y dicha lectura de la institucionalidad difiere en varios aspectos y, al mismo tiempo, abre otras posibilidades para generar una relación distinta y tal vez más favorable a los intereses populares. Me atrevería a afirmar que constituye un cambio cualitativo en las dinámicas del movimiento social en Colombia.

Por un lado, porque no creo que el objetivo de propuestas como éstas sea el de lograr que el sector campesino participe en la institución agraria sin modificar su funcionamiento. El logro se encuentra en hacer que estas formas de organización propias cuenten con tal nivel de aceptación y organicidad que sean capaces de ser reconocidas como las que definen las salidas a nuestras propias necesidades y demandas. Algo así como ganar un carácter de gobierno propio y no- burocrático. Sólo si se es capaz de construir espacios propios en la toma de decisiones, se podrá entrar en relación con otros sin correr riesgos. Por lo tanto, considero necesario hacer una reflexión más estratégica de parte de estas expresiones populares para entrar en relación directa con el Estado o exigir un asiento en las mesas de negociación.

Por otro lado, los mandatos populares ya se consideran como sus propuestas o demandas y ellas no están dependiendo directamente de las decisiones que allí se tomen. Por lo tanto, el reto y el mayor esfuerzo se encuentra en lograr que los métodos que se han creado para tomar decisiones entre más de 15 mil personas de distintos sectores sociales y regiones sean aún más incluyentes, no jerárquicos y realmente participativos. Si se reconoce la fortaleza que estas dinámicas tienen, se podrá llegar a deliberar con más seguridad, sin agotar nuestra dinámica propia y finalmente, posicionando otras posibilidades de organización política que ganen legitimidad y provoquen la mirada de aquellas otras iniciativas o personas que están convencidas que la paz se construye día a día.