* Palabras al Margen

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Asimismo, en el curso de las investigaciones de la Fiscalía y de organizaciones como la Corporación Nuevo Arco Iris, se ha develado que el proyecto paramilitar va mucho más allá de una estrategia contrainsurgente, soporte de las fuerzas militares y de consolidación de dominio territorial y poder político; ya que esta empresa macrocriminal consolidó amplios poderes económicos que influyeron y aún determinan reglones importantes de la economía nacional, a través de actores y sectores económicos que, producto de las acciones criminales y de terror paramilitar, ampliaron y consolidaron sus economías.

Este fenómeno, denominado por León Valencia y la Corporación Nuevo Arco Iris como paraeconomía, busca evidenciar no solamente los vínculos entre financiadores del fenómeno paramilitar; sino también demostrar que éste proyecto configuró parte de una dinámica de la economía colombiana, integrándose a los procesos de acumulación del capital a través de su incidencia directa en la formación de una economía de guerra ilegal y subterránea, que logró ser parte activa en la definición del actual modelo económico, fundamentado en el extractivismo y la producción agropecuaria a gran escala.

Esta afirmación se sustenta en la evidencia empírica de hechos que demuestran la manera en que sectores empresariales, ganaderos, grandes propietarios de tierra y compañías transnacionales, ampliaron sus márgenes de ganancia y tasa de retorno por cuenta de las acciones delincuenciales de los paramilitares. La presencia de éstos les facilitó acumular riqueza por cuenta del despojo a cientos de familias campesinas propietarias, poseedoras o tenedoras de tierra, sin que mediara el más mínimo control y protección para las comunidades, pues en su mayoría los paras contaban con la complacencia u omisión de las autoridades civiles y militares.

Contrarreforma agraria paramilitar

El despojo masivo de tierras que ocurrió en la mayoría de regiones importantes del país, condujo a una transformación profunda del régimen de propiedad de la tierra, una contrarreforma agraria dirigida por la expulsión paramilitar de familias campesinas en virtud de consolidar y favorecer el monopolio de las mejores tierras para los grandes terratenientes, situación que provocó la expansión de la ganadería extensiva, la agroindustria de la palma y la minería, todo ello, por supuesto, en perjuicio de la pequeña economía campesina.

Al examinar el tamaño de los predios abandonados, un tercio (33.4%) de las familias desplazadas abandonaron minifundios inferiores a 5 hectáreas, dos tercios (65.6%) tenían predios inferiores a 20 hectáreas y sólo 7.6% tenía predios superiores a 100 hectáreas (Reyes, p. 74); las cifras demuestran que el paramilitarismo se ensañó con las pequeñas familias campesinas con estructuras agrarias de minifundio y altos niveles de precariedad en materia de formalización de su pequeña propiedad rural.

En sentido estricto, esta contrarreforma agraria paramilitar fue simultáneamente ejecutada mientras se realizaba la usurpación de las instituciones estatales encargadas de garantizar la integridad física, la vida y los derechos de la población. En tanto la propiedad es una relación social, un derecho frente a terceros obligados a respetarlo y un deber de las autoridades protegerlo y restituirlo cuando ha sido violado; la cooptación de las autoridades por parte de los paras fue la fórmula integral para garantizar el despojo e impedir que las víctimas pudiesen acceder y exigir sus derechos. Igualmente, el amedrentamiento ocasionó terror, que sólo dejó el camino de escapar como salida para preservar la vida.

De esta forma se transformó el mapa de ocupación y uso del suelo en el mundo rural. A punta de fusil fueron expulsadas familias dedicadas a la producción de alimentos y a la protección del territorio, desintegrando el tejido social, extinguiendo una porción importante de la pequeña propiedad campesina y abriendo paso a terratenientes, hacendados, ganaderos y multinacionales a extender sus agro-negocios. Fue el paramilitarismo, entonces, la cuota inicial de la configuración de un modelo para el campo que hoy se expresa en la deliberada titulación minera y de hidrocarburos, la primacía de la producción agroindustrial, ganadería extensiva e intensiva, proyectos forestales y estrategias de conservación expulsoras de las comunidades que habitan estas áreas.

Megaproyectos apalancados por los paras

El control territorial paramilitar estaba directamente vinculado, además del interés de apropiarse de tierra y territorios, a la explotación de recursos naturales, ya fuera de manera directa a través de la explotación de minería de oro, plata y platino, o a través de los servicios criminales que prestaron a empresas de gran minería, usufructuando los réditos de su accionar violento y criminal.

De acuerdo al informe “El lado oscuro del carbón” en el que se denuncian los estrechos vínculos entre paramilitares y la multinacional estadounidense Drummond, segunda en producción de carbón en el país, y la compañía Prodeco filial de Glencore, éstas financiaban grupos paramilitares con el fin de que estos cometieran asesinatos, desplazamientos y otros delitos con el propósito de facilitar la extensión de las actividades económicas de estas compañías en la región de la costa Atlántica.

Las empresas transnacionales del petróleo, minería y de producción de energía, de acuerdo a denuncias de comunidades y organizaciones de derechos humanos, financiaron paramilitares con el interés de que éstos les proporcionaran condiciones de “saneamiento” en zonas de inversión en macroproyectos, como la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, campos de producción hidrocarburíferos, centros de producción agroforestal, grandes obras de infraestructura vial, entre otras, que convocan la licitación internacional y donde extrañamente lo primero que aparecen son los paramilitares generando fenómenos de desplazamiento.

Igualmente, en zonas como el Sur de Bolívar, el ingreso de paramilitares fue paralelo al ingreso de grandes retroexcavadoras para la explotación de oro, desplazando comunidades agro-mineras y generando un clima de zozobra, muerte y desplazamientos. Para estos casos, los bloques se apropiaban de estos recursos al explotarlos directamente ampliando su base de financiación y estableciendo redes ilegales de comercialización.

No es casual, ni menos espontáneo, que este fenómeno se hubiese presentado en distintos territorios, lo que indicaría cierta sincronización con la implementación de las industrias extractivas y la presencia de estos grupos; aquí se reafirma la hipótesis de los intereses paramilitares que van más allá de la derrota de la insurgencia.

Impunidad en la paraeconomía

A pesar de las múltiples evidencias e indicios acerca de la responsabilidad en la comisión de graves delitos de gremios económicos, ganaderos y multinacionales, son casi inexistentes las condenas y pocas las investigaciones de los operadores judiciales frente a estas conductas criminales. La revista Semana publicó una entrevista a Raúl Hasbún en 2012, al llamado cerebro de la paraeconomía, en la que manifiesta que la justicia se abstiene de investigar con el rigor necesario a estos importantes empresarios por cuenta de su poder e influencia a todos los niveles; narra también la manera en que ganaderos y bananeros se beneficiaron de los servicios de estos ejércitos, y que el “jefe” Álvaro Uribe, en ese entonces Gobernador de Antioquia, conocía de las actividades de estas compañías en la región de Urabá.

Jorge Visbal Martelo, ex presidente de Fedegan entre 1998 y el 2004, fue vinculado a una investigación por nexos con paramilitares en el 2012, gremio complaciente y beneficiario del despojo de tierras en Córdoba, Sucre y César, sin que a la fecha medie un resultado de ese proceso judicial. Casualmente, el señor José Felix Lafaurie, también presidente de esta agremiación, fue incluido en investigaciones por sus vínculos con estos mismos grupos.

Parece haber una decisión deliberada de no actuar frente a estas personas, no ocurre la misma celeridad de la justicia como con el fenómeno de la parapolítica, que ha vinculado a más de 100 políticos y condenado a 78. Es similar la situación con los medios de comunicación que en escasas oportunidades se refieren al fenómeno.

Las pocas investigaciones frente a la magnitud de las pruebas demuestran el ocultamiento que existe de la paraeconomía, la impunidad frente al enriquecimiento de gremios empresariales demuestran la intrascendencia que ha tenido frente a la justicia y medios de comunicación. En tiempos de profundización del modelo económico, que favorece a estos mismos victimarios, es perentorio exigir la verdad, castigar a los responsables, expropiar las riquezas acumuladas fraudulentamente y resarcir a las miles de familias campesinas que aportaron con sus vidas, bienes y despojo la acumulación de capitales para los intocables empresarios y multinacionales.

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Reyes, Alejandro (2011). El despojo de Tierras por Paramilitares en Colombia.

Caracol, 25 de junio del 2014. Informe denuncia relación entre paramilitares y empresas mineras en el país.

Revista Semana, 31 de marzo del 2012. El hombre que fue el cerebro de la paraeconomía