Históricamente a cada tentativa de reforma agraria le han seguido contrarreformas que impiden los cambios que se requieren para modernizar el campo y que siempre promueven las élites políticas que representan lo más atrasado y pre-moderno de la economía rural.
Invitamos a todas las instituciones de la Unión Europea y al Servicio de los Instrumentos de Política Exterior a asegurar todo el apoyo y las garantías internacionales necesarias para un proceso electoral democrático y transparente en Colombia.”
La política colombiana de reducción de cultivos ilícitos se enfrenta así a dos elementos estructurales, por una parte se trata de un problema transnacional, por otra parte son la pobreza y las acciones militares quienes trasladan los cultivos de coca de una región a otra sin aportar una solución definitiva
En este contexto, la masacre de Tumaco es una desgarradora historia de un conflicto que viene gestándose desde el inicio de la implementación del Acuerdo y que tiene al menos dos bases: en primer lugar, la política contradictoria que traslapa erradicación forzada con sustitución concertada y, en segundo lugar, la grave estrategia histórica del Estado colombiano de “firmar lo exigido, para incumplir lo pactado”. Esta estrategia se ha decantado desde hace más de un siglo en un ciclo vicioso de violencia-negociación-acuerdo-incumplimiento-violencia.
Una de las dificultades de pensar la democracia como el ejercicio de la política de aquellos que no tienen título particular para ejercerla, es que aquellos son generalmente designados como pueblo, dicho pueblo, tal como lo pone de presente el reciente plebiscito, es una categoría problemática por su intrínseca heterogeneidad.