En contravía con las exigencias presupuestales de la construcción de paz, el gobierno ha afianzado (¡a nivel constitucional!) una visión conservadora de la política fiscal que impone férreas restricciones a las posibilidades de regulación de los conflictos y avance hacia una sociedad más justa en términos de la minimización de los factores que causan la guerra y de las consecuencias provocadas por la guerra.
La garantía plena del derecho a la educación superior debe ofrecer los entramados institucionales que impulsen el progreso científico. Dichos arreglos institucionales son producto de luchas y reivindicaciones políticas: en este sentido, además de destacar las connotaciones sociales de las reivindicaciones de la MANE, es necesario reconocer y subrayar las implicaciones de sus luchas para el progreso científico y el reconocimiento de saberes en Colombia.
Las medidas adoptadas por las autoridades económicas del país (¡y las que vendrán!) son meramente coyunturales y olvidan que la encrucijada en la que se encuentra la economía colombiana es producto de la inmovilidad de su posición en el escenario económico mundial y del conjunto de reformas de ajuste estructural que se han implementado en las últimas décadas.
De la negociación de paz puede y debe esperarse un compromiso de los actores negociadores en cuanto a la suspensión de toda forma de violencia. Por su parte, la construcción de la paz implica un proceso mucho más complejo, asociado al desmonte de los órdenes de violencia y a la emergencia y visibilización de viejos y nuevos conflictos redistributivos en el país.