El ejercicio periodístico es cada vez más mediocre y ligero y su calidad conceptual para entender las situaciones de las que informan es ciertamente deplorable. Lo que es inaceptable es que Semana estigmatiza la movilización social: el texto es sólo la expresión del odio a la democracia con un lenguaje de reportero despistado.
Considero que las masivas movilizaciones de respaldo a Gustavo Petro no han pretendido defender al alcalde como individuo, más bien fueron expresión de la defensa de la democracia y el rechazo de una decisión desproporcionada. Ese descontento parecía configurar una oportunidad política para generar un proyecto unitario que desde la izquierda defendiera una apuesta democrática que a su vez respaldara la búsqueda de la paz, pero no fue así.
Parece muy tímido un futuro deseado, por no llamarlo una utopía, basado en la afirmación de un liberalismo y una modernidad “verdaderos” en contra de la simulación que de ellos ha hecho la oligarquía. Los retos del mundo contemporáneo, en particular la necesidad de reformular nuestra relación con la otredad y la diversidad, cuestión crucial en un país en guerra como Colombia, así como con la naturaleza, evidencian los límites de ese horizonte normativo.
Uno de los riesgos que siempre trae consigo la judicialización de los conflictos es la reducción de las luchas al plano de lo jurídico, el cual, como vemos en este caso, puede invisibilizar cuestiones de fondo, como la ofensiva de las fuerzas conservadoras contra el avance político de diversas propuestas de izquierda.
La izquierda, siempre fragmentada, está en riesgo de quedar excluida en estas elecciones debido a la reforma política que aprobó el Congreso en el 2009 (al final del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de fortalecer los partidos y movimientos políticos del establecimiento). Esta reforma determinó que para el 2014 sólo podrán existir y tener curules en el parlamento aquellos partidos políticos que puedan superar el umbral del 3% de la votación nacional.
A pesar de los cambios pendientes no se puede negar, como lo hacen las élites y una gran parte de la clase media, los impactos positivos que éste ha tenido. Estas reacciones de oposición pueden comprenderse si se entiende que, como lo señala el periodista Matheus Pichoneli, la autonomía de los explotados desarma a aquellos que los explotan, lo que les queda entonces a estos últimos es propagar sus propios prejuicios, sin ninguna base empírica, intentando retardar el progreso de la nación.
Desde el punto de vista de la economía de la educación este artículo reflexiona sobre el papel del Estado al respecto, en un momento en que se anuncia un nuevo intento del gobierno por implementar una reforma a la educación tras su fracasado proyecto de 2012 y en el que un desenlace favorable de las negociaciones de paz en La Habana implicará repensar las políticas públicas sobre el tema para viabilizar el país del posconflicto.
No se trata, como quizás podría interpretarse en la ciudad enferma de Platón, de que haya violencia porque no hay justicia sino todo lo contrario, hay violencia para que no haya justicia, para que reine la impunidad.
En estos momentos de reivindicación y contingencias es imprescindible construir una discusión sobre la gran comunidad de la violencia, reflexionar sobre las premisas de la democracia tradicional y construir un escenario político en donde se acabe con la imposibilidad de vida en Colombia
Si los colombianos que residen fuera de Colombia formaran un departamento reconocido por la Constitución, serían el departamento más grande de Colombia, el más poblado, el más diverso, el más plurilingüe, el más dinámico y también el más relegado por la administración y por la opinión pública. Es urgente trabajar para llevar al primer plano de la agenda pública nacional esos derechos y esas aspiraciones de los residentes en el extranjero. Porque los derechos de los colombianos no tienen fronteras.
Si realmente se pretende hacer reformas para democratizar la política y la sociedad colombiana, es preciso introducir mecanismos ágiles y sencillos de democracia directa. La reforma a la constitución o una constituyente, si se da, debería abocar por instaurar este tipo de mecanismos que permiten realmente considerar a la ciudadanía como adulta y responsable.
Cabe preguntarse si el largo camino que ha recorrido el procurador y que al parecer (esperemos que sea así) llegó a su punto de no retorno, no sólo es una muestra de la vulnerabilidad de la democracia en Colombia o de las fallas del ente controlador, sino también del carácter centralista de los análisis y reacciones de la opinión publica frente a este tipo de fenómenos.