El cese al fuego bilateral y definitivo pactado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, es una noticia trascendental en la historia, materializa una demanda de la conciencia crítica de la nación en los últimos 30 años. El pacto para acabar la confrontación acompaña acuerdos en ya casi la totalidad de la agenda acordada por las partes para finalizar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera. Sin embargo, el camino no está despejado, en la coyuntura quedan temas por resolver para que se dé la premisa fundamental de la solución política negociada. Dada la concreción de la salida negociada se viene el reto de la transición, en los próximos seis meses tendremos la refrendación y la formulación del paquete de leyes y decretos que den forma jurídica a los acuerdos alcanzados; bajo las nuevas condiciones de la realidad puede emerger la apuesta estratégica, estética y ética para hacer de Colombia el país que aun no ha podido ser.

Al darse, el acuerdo final de paz nos dejará dos componentes fundamentales. Por un lado, el cese al fuego, por otro una batería de reformas a temas centrales para garantizar soluciones a segmentos de la conflictividad social.

El primero hace referencia a un proceso de normalización del país convulsionado por las confrontaciones militares, un punto necesario y que debe proyectarse en el tiempo, de tal suerte que nunca más la política vea como opción prolongarse en la guerra. El segundo son las reformas que se derivan de los acuerdos, reglas básicas que permiten el paso de los insurgentes a la vida legal y al país la oportunidad de forjar una modernidad envolatada en el tiroteo; reformas de distintos tenores y grados de profundidad, producto de la correlación de fuerzas en la misma mesa de negociación –no se puede pretender que de una negociación salieran las leyes de la revolución. Entre ellas la reforma rural integral, el tratamiento territorial a los problemas del campo, el abordaje social a la problemática que se deriva de los cultivos de coca, marihuana y amapola, los avances hacia la reforma del sistema electoral, el sistema de justicia transicional que ubicó en el centro los derechos de las víctimas y la reparación integral a toda la sociedad.

La salida negociada es una nueva partida en un proceso histórico, no es un momento cero de la historia, pero tampoco es intrascendente en el cambio social y político. Con ello se puede asegurar que no representa la claudicación de mayores aspiraciones en cuanto a una sociedad con justicia social, ambiental y cognitiva, como tampoco la de la perpetuación de los privilegios de unos pocos.

Los acuerdos refrendados por el conjunto de la sociedad serán incluidos en el arreglo institucional, produciendo reglas del sistema en concordancia con la salida política. Por lo tanto, el ajuste institucional derivado de los acuerdos, en particular los relacionados con el punto de participación política, es una oportunidad para la emergencia de los movimientos sociales que han tenido como obstáculo las dinámicas de la confrontación armada.

Sin embargo, no solo es una oportunidad para los movimientos de las gentes del común, también se constituye en un chance para los sectores dominantes, por lo que hay que comprender que no existe una única propuesta de transición. Por ello se perciben en el debate público las distintas apuestas que dan cuenta de distintos modelos de transición.

Encontramos un abanico de propuestas de transición que van desde la restauración conservadora que reivindica incluso la constitución del 1886, pasando por la opción de la tercera vía inspirada en Tony Blair y las planteadas por parte del matizado espectro de centro político que ubica la necesidad de llevar Estado, mercado y ciudadanía a territorios donde ha hecho presencia la guerrilla. En ese escenario las subjetividades sociales emergentes tienen la tarea de pasar al frente, ubicando sus propuestas y preparándose para construir mayorías.

La transición es por lo tanto una noción en constante disputa. El reto y la oportunidad de transformación del país, en las condiciones que produce el acuerdo de paz, es lograr plantear al conjunto de la sociedad una propuesta de transición basada en problemáticas públicas con soluciones posibles que se alinean con el momento político. La potencia de una propuesta política nueva pasa por el encuentro en una agenda común, tanto de los avances del movimiento comunitario rural, como de las organizaciones de trabajadores y los nodos críticos de ciudadanos urbanos; es decir, la complementariedad de todas las subjetividades emancipatorias tiene la oportunidad de escalar una propuesta que proyecte la nación y la organización de la sociedad hacia la modernidad.

En este mismo contexto, parte del reto pasa por superar la excepcionalidad y entrar a la normalización de los territorios. Esto significa dejar en el pasado planteamientos como los del conservador Álvaro Gómez Hurtado “…Hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el Ejército colombiano no puede entrar”. Bajo estas ideas se han sustentado los estados convulsionados de la confrontación, desde el operativo contra Marquetalia en 1964, dando origen al conflicto armado que fallece por estas épocas.

El Plan de Rehabilitación, el Plan Colombia y el Plan Consolidación Territorial no lograron el propósito contra-insurgente; de haberlo hecho no habría necesidad de una mesa de negociación. Insistir en la misma fórmula de gestión del territorio desde Bogotá tendrá los mismos resultados hasta ahora vistos, fracasos tras fracasos. Por ello la fórmula no es tan simple como acercar la oferta institucional. Claro, pasa por una decisión de la administración del Estado, que implica gruesos recursos dirigidos hacia los territorios, pero lo central del reto histórico está en coexistir y correlacionarse con unos territorios que han sido negados, silenciados y en una constante postulación como externos, ajenos, salvajes, a domesticar y, por lo tanto, dispuestos para la limitación de derechos a sus pobladores. Este fue el precepto del desorbitado operativo contra la “republiqueta” como lo denominó el regenerador citado en el anterior párrafo.

Ante este panorama, los esfuerzos del posconflicto armado deberán ser conducidos a solucionar una tarea pendiente como país: unir los territorios y sus poblaciones en la asociatividad que se busca reflejar en el Estado-nación. Insistir en el colonialismo institucional seguirá llevándonos a desequilibrios irreconciliables de poder.

Adenda: La salida negociada también es con el ELN

Jacobo Arenas en el ‘90 nombró como “parcelación de la salida negociada” a las negociaciones con el M-19 y otras organizaciones, que en su momento participaban de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar dejando por fuera a las FARC y al ELN. Se perdió una oportunidad histórica, haber logrado la salida negociada con todo el bloque rebelde en armas. La historia le da la razón a Jacobo 25 años después: nos metimos como país en la fase más cruel de la confrontación.

Uno de los grandes temas por resolver en este momento es la negociación con el ELN, que de mantenerse en la guerra de guerrillas pondrá en aprietos la implementación de gran parte de los acuerdos de La Habana. Pero, sobre todo, lo cierto es que los elenos son un sujeto político con trayectoria propia, con una agenda de país, necesaria para la solución negociada del conflicto. Que negocien y lleguen a un acuerdo es indispensable para no seguir postergando el país moderno que no hemos podido ser.