El año 2017 se destaca por haber sido uno de los más violentos para el ejercicio de la defensa de Derechos Humanos en el mundo, con más de 317 víctimas de homicidio, de acuerdo al último informe de la oficina de seguimiento Front Line defenders
Derecho Internacional
Mitos y ficciones en la opinión consultiva OC-23/17 de la Corte IDH
A primera vista, el contenido de la opinión consultiva parece “garantista”, pero si se autorreflexiona sobre nuestra forma de vida, podrán advertirse los problemas derivados de un etnocentrismo naturalizado por parte del tribunal interamericano.
“CIDH en Crisis”: significado político de la asfixia presupuestal
No podemos olvidar que tiene un significado político muy importante que las víctimas tengan esperanza en que ante situaciones de violencia política, arbitrariedad y crisis del Estado de Derecho, existan instituciones interamericanas que contribuyan con el restablecimiento de los derechos. Lo que nos corresponde es luchar contra la forma como los Estados miembros del Sistema Interamericano puedan estar haciendo de esa esperanza una esperanza vacía.
El caso Petro y el Estado de Excepción en Colombia
El Estado colombiano pone en práctica la lógica del estado moderno de la forma más rampante, cruel y fría. Incentiva la creación de paramilitares como medida excepcional para garantizar el orden de la sociedad y así mismo salta por encima del ordenamiento institucional para aniquilar a Gustavo Petro, arrebatándole sus derechos políticos.
El capitulo del paramilitarismo
Hay que reconocer que el reporte intermedio de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia constituye un avance positivo en el sentido de que representa una fuente importante de calificación de los crímenes más graves que se han cometido dentro del conflicto armado. Sin embargo, en cuanto al paramilitarismo, el análisis de la Fiscalía de la Corte contiene vacíos que impiden evaluar el fenómeno en toda su complejidad y amplitud.
Los alcances del fuero militar a la luz de la masacre de Santo Domingo
El fallo de la Corte constituye, por un lado, uno de los tantos desacuerdos que existen entre el Estado colombiano y las disposiciones de algunas organizaciones internacionales que han hecho seguimiento a la violación de derechos humanos en el país. Y por el otro, es una prueba fehaciente de que hechos tan atroces como una masacre podrían llegar a ser justificados como un daño colateral en el marco de la guerra.