No nos van a derrotar, tenemos la certeza de la vida, del amor, de la alegría. No hemos dejado de contar los días, no los dejaremos de contar. ¡Fuerza! ¡Fuerza como siempre que aquí les estamos esperando! ¡Libertad para lxs prisionerxs políticxs! ¡Inocentes son y libres les necesitamos!
Lo cierto es que, como afirma el profesor Miguel Ángel Herrera, en medio de tanto discurso que pretende que la paz es el único futuro posible para el país, está aumentando de manera alarmante la inseguridad para quienes están dispuestos a disentir y a protestar.
En el encuentro con el otro, nos vemos obligados a revisitar nuestros propios prejuicios frente a un asunto particular y por esta vía ampliamos nuestra perspectiva frente al mismo. Con esto en mente, podemos decir que no hay nada de dialógico en la persecución del movimiento social por parte del Estado, de hecho, con esto queda claro que poco le interesa al aparato estatal revisitar sus anquilosados prejuicios con respecto a la acción colectiva y a la movilización social.
Las instituciones involucradas no tuvieron reparos en tomar como conejillo de indias no a la izquierda en general, sino a personas en su mayoría integrantes de organizaciones estudiantiles y juveniles que luchan por el derecho a la educación, al trabajo digno y a la desmilitarización de la vida y de los territorios populares en Colombia.
El proceso judicial continua, pero, independientemente de cómo termine, los medios de comunicación no parecen estar interesados en analizar el caso, ni en entender esta cuestión extraña del debido proceso y cuestionar al poder político y judicial por las acusaciones falsas contra estos 13 activistas, en particular, al Presidente de la República, al Vicefiscal General de la Nación y a la Policía Nacional
La maquinaria del ministerio de Guerra (policía, fiscalía) como en el cuento de Orwell aceleró su funcionamiento y en el nombre de la estabilidad social enviaron a la cárcel a los(as) 13 presuntos responsables. ¿De qué delito? Hasta ahora nadie lo sabe. ¡El gran hermano te vigila pero también te castiga!
Quienes optan por la rebeldía no son un buen ejemplo ante los ojos de los poderosos, en tanto persuaden a quienes les rodea a liberarse, es justamente esa la razón por la cual son una amenaza los y las congresistas populares que hicieron un compromiso con mandatar la vida digna y construir un horizonte mejor.
La gran mentira del Estado consiste en decir “Soy democrático” cuando se acoge más a lo que dice la ley que al clamor creativo y potente de una comunidad que se mueve y que se moviliza. Imaginemos una comunidad que comprende esta simple, radical y cautivadora apuesta que llevan a cabo estos presos políticos y con ellos una multiplicidad de voces que se unen a su defensa… como esta.
Frente a las declaraciones de la juez encargada del caso, quisiera añadir que sería muy triste que nuestra educación se limitara a convertirnos en los guardianes de lo que ha sido estipulado como correcto y como posible, en vez de sembrarnos la inquietud de concebir otras maneras de ser, de hacer y de vivir unos con otros.
En Colombia, la abrumadora mayoría de entre los diez mil detenidos y detenidas por razones del conflicto, exceptuando a los prisioneros de guerra, se ubica en ese impresionante hoyo negro jurídico derivado de la comprensión del conflicto colombiano como una enorme “empresa criminal” y que define amenazas en todas las esquinas.
Estas estrategias para callar, ignorar o amedrentar a la oposición pacífica mandan mensajes ambivalentes y poco conformes al espíritu democrático del que tanto se vanaglorian las élites. Pues al parecer, no es posible lograr cambios por la vía del diálogo, de la protesta pacífica, o de procesos de consulta constitucionalmente vigentes (consulta previa, por ejemplo).
El país debe ser consciente de que la búsqueda de la paz y los escenarios de posconflicto requieren ajustes institucionales en todo nivel, los cuales garanticen que las condiciones que propiciaron el conflicto no se vuelvan a dar, entre ellas, el uso del derecho penal como un arma de guerra, la criminalización de la protesta social, y la protección y no estigmatización de los actores políticos de oposición.
Es preciso que los casos emblemáticos de criminalización de la oposición política, o de manera más amplia del pensamiento crítico, sirvan para demostrar que la ausencia de democracia no necesariamente se traduce en una dictadura pero que puede manifestarse de manera mucho más sutil y guardando unas aparencias democráticas formales, como precisamente en el caso colombiano
Con su característico estilo diplomático de zalamería de foto de primera plana, Santos se fotografió con el Papa hace algunas semanas y le pidió sus bendiciones y lo invitó a Colombia para rezar por la paz, y blablabla. Pero si Santos pensara menos en la foto de primera plana, en los boom boom publicitarios y en sus índices de favorabilidad en las encuestas, se tendría que detener a reflexionar si la “paz” que él y su gobierno persiguen es la del “estiércol del diablo”, según las palabras del Papa Francisco.
¿Basta ya de qué? Esa es la pregunta del momento. Ese es el nudo de los diálogos de La Habana. Ese es el nudo de la discusión con el ELN. Ese es el nudo de la discusión que nadie ha querido dar con los defensores de derechos humanos, profesionales, líderes estudiantiles, feministas y periodistas, entre otros.
Queremos expresar nuestra profunda preocupación por las violaciones a la presunción de inocencia, la defensa de los derechos de los detenidos, la independencia judicial y garantías de un proceso justo y neutral, la criminalización de la protesta social, las afirmaciones ilegítimas de representantes altos del Estado colombiano a propósito de vinculaciones entre líderes sociales pacíficos y grupos insurgentes armados.
¿Por qué el Presidente de la República y altos representantes de la Fiscalía, de la Policía y del gobierno no han respetado normas tan elementales de las instituciones públicas, normas orgánicas y cotidianas del ejercicio legítimo de los cargos públicos? ¿Por qué los medios de comunicación han impulsado de manera tan irresponsable y acrítica la persecución pública de estas 15 personas?
En este artículo he querido repensar la destitución del profesor Miguel Ángel Beltrán como constituyente de un evento en el que se reconfiguran las relaciones entre el poder y el saber en Colombia; un evento que manifiesta una doble transformación: de un lado, un cambio en el riesgo que supone el conflicto entre el discurso de la verdad y el ejercicio del poder y, de otro lado, una reconfiguración del actor social que produce la partición ya no solo ética sino también política de este mundo en dos.
Como el Procurador parece inmune a las decisiones de las altas Cortes o logra mover todas sus influencias para demorarlas o inhibirlas, solo el Rector de la Universidad Nacional, en un acto de dignidad en defensa de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, expresión y pensamiento puede negarse a ejecutar la decisión de la sala disciplinaria por considerarla ilegal y contraria a la Carta Política.