La jugada maestra del “Ser Pilo Paga”, y donde se encuentra todo el engaño, consiste en que el programa intenta demostrar interés por parte del Gobierno Nacional en aumentar la cobertura y generar inclusión en la educación superior, pero no es extensible a todo el estrato 1 y 2, tan solo logra atender a 40.000 de 1,2 millones de estudiantes pobres.
Si el Gobierno considera que no hay recursos para la educación habría que preguntar sobre los 8 billones de pesos en corrupción del caso Reficar o los impuestos que evaden los ricos en paraísos fiscales. Es momento de cesar los ataques contra la educación superior pública y diseñar de la mano con la comunidad universitaria planes de política pública y leyes que permitan hacer de la educación un derecho fundamental para una Colombia en paz.
La lucha por la implementación del Acuerdo de paz, es la lucha por un cambio de paradigma para el país, por la posibilidad de una mejor Colombia, por el tránsito hacia un cambio cultural, político, social, económico, ambiental y humano.
Desde la perspectiva de estos autores la posibilidad de evitar las guerras pasa, en último término, por la activación de una variable política entendida como acción desde arriba. No obstante, y a despecho de su peso específico intelectual, ni Einstein ni Freud logran percatarse de que ya en la realidad de su tiempo se venían desarrollando procesos sociales y políticos que ponían en entredicho esa fe en la autonomía del Estado como garante de la paz.
Creo que las FARC, antes o después, terminarán haciendo parte de una amplia coalición de Izquierda, Polo-Progresistas-Verdes. Posiblemente, antes de 12 años, sin la disculpa de la guerra y en un clima de reconciliación, tendremos el primer gobierno de centro-izquierda en nuestro país que permitirá disputar la hegemonía elitista-bicéfala, y finalmente, iniciar el avance decidido hacia la materialización de las reformas democráticas aplazadas por décadas.
Nos han politizado las emociones, tanto a nivel cotidiano con un mandato de goce que nos hace ignorar la tragedia de la vida de afuera, como a nivel electoral con un direccionamiento de pasiones históricas que se manifiestan sólo en la demostración de juegos de poder.
Privilegiar la continuación del conflicto armado, a pesar de las numerosas futuras víctimas que este conllevaría, para no renunciar a una idea personal de la «justicia» y un deseo pasional de ver a los guerrilleros castigados, no sólo representaría una falta política sino también una actitud en contravía de la ética.
La opción política por la que optaron las FARC-EP y el Gobierno, frente a un horizonte de destrucción mutua o de mediocridad normalizada y continua, fue precisamente la que tanto defendió Uribe: la reconfiguración de la “unidad social” en torno a la recuperación de la soberanía Estatal. Ahora bien, el Acuerdo Final problematiza la cuestión de “la unidad” introduciendo una representación del “espacio común” como un espacio plural, heterogéneo, esto es, representando “la diferencia” como un problema político y no como una forma de ruptura de dicha unidad, como una amenaza, como una monstruosidad incluso.
Una campaña del SÍ que resista a la política de amnesia que se plantea desde el Estado, que exponga la responsabilidad del Estado y la señale, que defienda el SÍ como una manera de darle una oportunidad al Estado y sus élites de verdaderamente demostrar que pueden convivir con gente que piensa diferente es una campaña que educaría en la reconciliación, en la transformación de nuestra relación con el alzado en armas y nuestra redefinición como sociedad civil frente al Estado que durante muchos años le ha negado derechos humanos, sociales y políticos a su población.
El voto por el “Sí” al que nos volcamos con un entusiasmo quizás inédito en la historia de nuestro país, será un entramado complejo de visiones contrastantes del futuro del país, de quiénes están llamados a labrarlo y de lo que ese “nuevo comienzo” implica en términos del afianzamiento, o la transformación, de aspectos constitutivos del orden social imperante en nuestra sociedad.
En esa medida habría que oponerse a la paz de Santos. No equiparando santismo y uribismo, sino más bien poniendo de manifiesto que la democracia construida desde el Estado no es más que una oligarquía disfrazada.
Para quienes imaginamos un proceso de paz más allá de la negociación del conflicto armado interno, la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente se convierte en una consigna de primer orden, pues representa la oportunidad histórico-política de refundar el orden constitucional y político colombiano sobre nuevas bases, fundamentalmente de carácter democrático popular y de justicia social, a partir de la convocatoria y deliberación del constituyente primario que es el pueblo.
Sí hay un cansancio generalizado de la guerra, no hay duda de ello, pero es un cansancio activo y re-configurador porque la población civil, por fin después de tantos años, ha podido vislumbrar nuevas posibilidades de vivir fuera de la guerra y fuera del conflicto.
Es indispensable que haya una auténtica voluntad política de enfrentarse al problema. De lo contrario, Colombia sólo conocerá una «paz formal», de la misma manera que tiene una democracia formal, de la cual se podrá jactar Santos en los medios y en el exterior pero que no mejorará las garantías democráticas y la participación política de los sectores tradicionalmente marginalizados.
Urge una reforma que dé más protagonismo a los académicos que a los políticos en la dirección y manejo presupuestal de las universidades públicas, que recorte la injerencia de los apetitos burocráticos y que devuelva la discusión a las necesidades académicas y de desarrollo científico de las regiones y del país.
No se enfrentan modelos de país distinto, sino, que asistimos a una pugna de liderazgos personalizados traducidos en rivalidades mediáticas, componendas clientelistas, disputas por control económico y ambiciones burocráticas. Ello sin desconocer los matices en temas cruciales como la paz, aun cuando su alto impacto mediático exacerba las tensiones y construye realidades ficticias que confunden la opinión.
Todos los medios han reportado sobre la ‘exitosa gira da Santos’ en Europa, donde en realidad consiguió concretamente tan sólo un préstamo de 100 millones de dólares. Pero poco se ha hablado de lo que Santos propuso a cambio del dinero: ‘cooperación’ militar a misiones internacionales y muchos negocios para las empresas europeas. Afortunadamente la visita del presidente también levantó críticas entre eurodiputados, organizaciones internacionales y la comunidad colombiana y europea.
La idea de que Santos ha hecho un viraje progresista frente a su antecesor, tiene mucho de simulación, ni las diferencias con el expresidente son de fondo ideológico, ni el mentado reformista es tal. Los rasgos de su política económica y social, inclusive de su discurso de paz, son más de continuidad que de cambio.