La región del Catatumbo, como una cantidad importante de territorios de nuestro país, evidencia que el pan y la tierra son elementos centrales para que se superen las dinámicas que han ido aparejadas al despliegue de la guerra. Con los actuales niveles de concentración del ingreso, de las tierras y con la pobreza persistente no pueden generarse dinámicas tendientes a construir la paz.
«Resistir no es aguantar” es un llamado a quebrar ese impulso domeñado del aguante, una invitación que le hace frente a esos valores que hemos incubado como verdades absolutas. De la lección de Francia podemos aprender que resistir es asumir, de manera colectiva, las luchas históricas de los pueblos subordinados históricamente
La pregunta no debe detenerse en si el calendario que se legitima hoy como propio siempre ha sido el mismo y lo que se busca no es nada distinto a una restauración del orden del tiempo una vez vigente, sino que debemos preguntarnos por la decisión política de hacerlo oficial ahora en un territorio y sobre unas personas en particular.
las condiciones de la formulación de los PDET y la imposición de una visión particular del territorio, de la mano con la falta de debate público por parte de las organizaciones sociales sobre el enfoque territorial, configuran un horizonte que puede desencadenar distintos conflictos territoriales, ya sea por las tensiones entre distintos sectores sociales o a medida que se vayan descubriendo las estrategias de control institucional de los territorios por encima de las procesos organizativos.
La Guajira no es un lugar para exotizar a los indígenas Wayúu, ni un lugar para hacer foto-reportajes sin sentido que no cuestionan las condiciones de vida de aquellos individuos fotografiados. Allí hay cicatrices imborrables, historias de vida atravesadas por la violencia, formas de resistencia que una foto estática y colorida no deja advertir.
Tras semanas de debate en el Congreso atravesadas por el ausentismo, por la dilatación por parte del uribismo y el acalorado episodio en el que en días pasados le negaron la palabra a Jesús Santrich, se aprobó en su último debate en plenaria de Cámara de Representantes el proyecto de las circunscripciones, aunque con algunas modificaciones que restringe la participación de víctimas de acuerdo al grado de consanguinidad, pero se adiciona el presupuesto a la Registraduría para que se lleven a cabo las elecciones. Evitar el triunfo de la posverdad, requiere desenmascarar los mitos infundados y tergiversaciones que se han creado alrededor de este tema que ponen en duda lo acordado.
Tampoco se han alcanzado los resultados esperados con relación al segundo gran objetivo de la descentralización: el mejoramiento de la calidad de la democracia local en sus dimensiones representativa, participativa y directa. Aunque efectivamente hay algunos avances en el acceso de fuerzas políticas renovadoras a algunas gobernaciones y alcaldías, el cambio es mínimo.
Las mingas de resistencia por la liberación de Uma Kiwe (Madre Tierra) se han mantenido, pues se entiende que es el llamado de la Madre Tierra para este tiempo. De hecho, desde de la invasión española, los Nasa han encontrado diferentes formas para proteger sus territorios. Son bien recordadas en el norte del Cauca las luchas de la Cacica la Weitama y el Cacique Sat Tama quienes lograron que la Corona Española les reconociera expresamente el derecho de mantener su autoridad.
Los espacios de convergencia abiertos recientemente por la Cumbre Agraria, así como la interlocución con el gobierno en mesas de negociación deberían estar acompañados de una cualificación de la propuesta que el movimiento social le hace al país. Esa cualificación pasa por una construcción local que, como las consultas populares, sepa encontrar los objetivos comunes que pueden articularnos y no una carrera por posicionar o dejar de lado alguno de los sectores del movimiento social y con ellos sus figuras territoriales.
Este momento de transición es importante porque es donde se jugará no solo el cumplimiento de las partes y la implementación de dichos acuerdos en los territorios, sino qué organismos, estructuras o actores se encargarán de los mismos.
El Estado, al concebirse como una instancia de arbitraje legítima y legal, se piensa como el actor al que le es posible arrogarse los procesos de arreglo, de “neutralización de conflictos” sociales, o los procesos de reparación en su calidad de “protector” o defensor de una población unitaria, integrada y vinculada a su territorio.
La firma de los acuerdos de paz representa un verdadero desafío, especialmente en las regiones en los márgenes del Estado, donde la propiedad de la tierra continuará en manos de pocos y donde las ZIDRES serán aplicadas con mayor fuerza, bajo el argumento de llevar desarrollo y progreso a las regiones en los márgenes.
No dudamos en caracterizar ambos macroproyectos como unos macrodesastres, así como la política nacional de vivienda en áreas de renovación urbana que les sirve de sustento. La reformulación de estos Macroproyectos es una demanda que deben enarbolar los ciudadanos afectados y la sociedad en general por ser procesos de gentrificación, desplazamiento y violación de DDHH esenciales.
El despojo no solo fue la expropiación de la tierra (en un área en la que muchos fueron clasificados como “no propietarios”), sino la imposibilidad de reproducir las prácticas que realizaban con anterioridad. Los despojaron del poder de decidir lo que querían y los enmarcaron en lo que el proyecto impuso.
Frente a la agresiva concentración de la tierra en Colombia, el modelo de acumulación extractivo y el cambio climático, los grupos de productores más vulnerables (campesinos, indígenas, negros) tiene comprometida su seguridad alimentaria, el bienestar y la supervivencia.
La paz territorial necesita de la ampliación de la esfera pública a la que deben tener acceso todas las personas para participar en los destinos del país. Situaciones como la que está sucediendo entre el profesor Miguel Ángel Beltrán y la Procuraduría General de la Nación muestra que hay serias restricciones en el mantenimiento de una esfera pública democrática.
La experiencia de guerra y violencia endémica en Medellín confirman la profunda e histórica debilidad del Estado. Su territorialidad es estriada, regulada pero también extremadamente fragmentada. No indisputada sino continuamente entredicha.
El Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 109, ordenó a la autoridad minera elaborar un plan nacional de ordenamiento minero, que tuviera en cuenta los lineamientos en materia de ordenamiento territorial y ambiental. Sin embargo, a la fecha el plan no existe y los avances son realmente precarios. Lo que sí avanza es una avalancha de conflictos en los territorios que configuran una crisis estructural del ordenamiento territorial en el país.
El proyecto hidroeléctrico “El Quimbo” está localizado en jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Pital, Paicol y Tesalia en el Departamento de Huila, e inundaría 8.250 hectáreas. En esta región existe una multiplicidad de grupos que la componen, entre ellos, los miembros de las empresas comunitarias, que realizaron un proceso de reforma agraria en los años setenta en la región. Sin embargo, la llegada de la hidroeléctrica ha acentuado y hecho evidentes conflictos por la tierra, así como contradicciones y tensiones que existen dentro de las comunidades campesinas, producto del cambio en sus condiciones de producción por la llegada de este proyecto.
Con la construcción de un Plan de Vida las familias campesinas de la región del Catatumbo generan iniciativas colectivas que les permiten garantizar su permanencia en el territorio y en medio de la difícil situación que viven, promueven y necesitan de una integración regional con las demás comunidades que comparten esta región.