La estigmatización de integrantes de la JEP y la directora de la UPBD es un ataque directo a la justicia transicional acordada entre el Estado y las FARC. Busca crear un manto de duda previo para luego deslegitimar cualquier decisión que tomen estos mecanismos, bajo la acusación de persecución política. Sin embargo, como estrategia política, este tipo de ataques no son nuevos.